Singapur llevó a cabo este miércoles la ejecución en la horca de hombre condenado por conspirar para traficar un kilo de marihuana, pese a las solicitudes de clemencia de parte de la ONU y diversas organizaciones de derechos humanos.
“Al singapurense Tangaraju Suppiah, de 46 años, se le ha ejecutado hoy la pena capital en el Complejo Penitenciario de Changi”, dijo un vocero del servicio de prisiones de Singapur.
Tangaraju, de origen tamil, había sido condenado en 2017 por “participar en una conspiración de tráfico” de 1.017,9 gramos de cannabis, el doble del volumen mínimo necesario para la pena capital en Singapur, mientras que un año después fue sentenciado a muerte y el Tribunal de Apelación mantuvo la decisión.
“Pese a todos nuestros esfuerzos y nuestra lucha durante los pasados años para que mi hermano tuviera un juicio justo, el gobierno (singapurense) ha mostrado no tener piedad”, denunció en un comunicado Leela Suppiah, hermana del ejecutado.
El caso de Tangaraju acaparó la atención no solo por ser un delito de tentativa de tráfico de marihuana, cuyo uso medicinal -e incluso recreativo- se está legalizando en cada vez más países, sino también por las supuestas irregularidades del proceso, denunciadas por sus familiares y diversas ONG.
Pruebas débiles
Consumidor de marihuana desde la adolescencia, Tangaraju fue implicado en el caso en marzo de 2014, seis meses después de que el intento de contrabando se produjera.
Un supuesto contacto telefónico con dos personas para introducir el alijo desde Malasia a Singapur fue la prueba para acusarlo, aunque tanto sus abogados como su familia negaron cualquier relación.
Asimismo, sus parientes y activistas han denunciado que no recibió el asesoramiento legal adecuado y se le negó acceso a un intérprete tamil cuando fue interrogado inicialmente por la Policía.
“Estamos acostumbrados a ver actos de injusticia, pero con este estamos en shock por lo débiles que son las pruebas y lo fácil que resulta enviar a alguien al patíbulo”, afirmó Kokila Annamalai, vocero de Transformative Justice Collective (TJC), una ONG local que pide la derogación de la pena capital, según recoge la agencia EFE.
Esta ejecución es la primera en lo que va de año, después de que en 2022 Singapur batiera récords ahorcando en pocos meses a 11 presos, incluyendo un traficante de heroína con discapacidad intelectual cuya sentencia también suscitó las críticas de la comunidad internacional.
La ciudad-Estado, centro financiero regional, lleva adelante una política muy dura contra el narcotráfico y otros delitos, con latigazos y la horca entre sus métodos punitivos.
“El uso continuo de Singapur de la pena de muerte por posesión de drogas es un ultraje a los derechos humanos que hace que gran parte del mundo retroceda y se pregunte si la imagen del Singapur moderno y civilizado es solo un espejismo”, dijo a su vez Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rights Watch (HRW).
